La reciente decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de Ley de Modernización Fiscal ha generado diversas opiniones en la República Dominicana. Este proyecto, presentado a principios de octubre de 2024, tenía como objetivo principal mejorar los ingresos fiscales del Estado para aumentar la inversión pública en áreas clave como transporte, salud, seguridad y protección de la población más vulnerable.
Contenido de la reforma fiscal
El proyecto de reforma fiscal, denominado Ley de Modernización Fiscal, proponía varias medidas significativas:
- Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI): Se planteaba reducir el mínimo exento a RD$5,025,380.75, aplicando una tasa del 1% sobre el excedente. Este cambio afectaría principalmente a las propiedades de alto valor.
- Eliminación de incentivos fiscales: Se proponía derogar exenciones fiscales para sectores como el turismo, establecidas en la Ley No. 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico y sus modificaciones (Confotur). Esta medida podría impactar negativamente la inversión en el sector turístico-inmobiliario.
- Impuesto sobre la Renta (ISR): Se introducía un nuevo tramo del 27% para ingresos superiores a RD$2.4 millones anuales, afectando a un pequeño porcentaje de contribuyentes con altos ingresos.
Impacto en la economía y el sector inmobiliario
La reforma fiscal tenía implicaciones directas en el sector inmobiliario:
- Aumento de costos: La reestructuración del IPI y la eliminación de ciertos incentivos fiscales podrían aumentar los costos para propietarios e inversionistas, especialmente en el segmento de propiedades de lujo.
- Reducción de inversiones: La eliminación de exenciones fiscales para el sector turístico podría disuadir la inversión en desarrollos inmobiliarios turísticos, afectando el crecimiento económico y la generación de empleo en este sector.
- Efectos en la clase media: Aunque las medidas estaban dirigidas a las propiedades de alto valor, existía preocupación sobre posibles repercusiones en la clase media, como el aumento de los costos de vivienda y la reducción de la accesibilidad a programas de asistencia social para la adquisición de viviendas.
Conclusión
La retirada del proyecto de Ley de Modernización Fiscal abre la puerta para una revisión y discusión más profunda de las medidas propuestas, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la necesidad de aumentar los ingresos fiscales y el impacto en los diferentes sectores de la economía, especialmente en el inmobiliario. Es fundamental que cualquier reforma fiscal considere tanto la eficiencia recaudatoria como la equidad social y el fomento de la inversión.