Proyecto de Ley de Modernización Fiscal


La reciente decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de Ley de Modernización Fiscal ha generado diversas opiniones en la República Dominicana. Este proyecto, presentado a principios de octubre de 2024, tenía como objetivo principal mejorar los ingresos fiscales del Estado para aumentar la inversión pública en áreas clave como transporte, salud, seguridad y protección de la población más vulnerable.


Contenido de la reforma fiscal

El proyecto de reforma fiscal, denominado Ley de Modernización Fiscal, proponía varias medidas significativas:


  1. Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI): Se planteaba reducir el mínimo exento a RD$5,025,380.75, aplicando una tasa del 1% sobre el excedente. Este cambio afectaría principalmente a las propiedades de alto valor.
  2. Eliminación de incentivos fiscales: Se proponía derogar exenciones fiscales para sectores como el turismo, establecidas en la Ley No. 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico y sus modificaciones (Confotur). Esta medida podría impactar negativamente la inversión en el sector turístico-inmobiliario.
  3. Impuesto sobre la Renta (ISR): Se introducía un nuevo tramo del 27% para ingresos superiores a RD$2.4 millones anuales, afectando a un pequeño porcentaje de contribuyentes con altos ingresos.


Impacto en la economía y el sector inmobiliario

La reforma fiscal tenía implicaciones directas en el sector inmobiliario:


  • Aumento de costos: La reestructuración del IPI y la eliminación de ciertos incentivos fiscales podrían aumentar los costos para propietarios e inversionistas, especialmente en el segmento de propiedades de lujo.
  • Reducción de inversiones: La eliminación de exenciones fiscales para el sector turístico podría disuadir la inversión en desarrollos inmobiliarios turísticos, afectando el crecimiento económico y la generación de empleo en este sector.
  • Efectos en la clase media: Aunque las medidas estaban dirigidas a las propiedades de alto valor, existía preocupación sobre posibles repercusiones en la clase media, como el aumento de los costos de vivienda y la reducción de la accesibilidad a programas de asistencia social para la adquisición de viviendas.


Conclusión

La retirada del proyecto de Ley de Modernización Fiscal abre la puerta para una revisión y discusión más profunda de las medidas propuestas, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la necesidad de aumentar los ingresos fiscales y el impacto en los diferentes sectores de la economía, especialmente en el inmobiliario. Es fundamental que cualquier reforma fiscal considere tanto la eficiencia recaudatoria como la equidad social y el fomento de la inversión.